Ciudadanía Europea

Te explicamos qué es la ciudadanía europea, cómo surgió y su historia. Además, sus características y su importancia en el marco de la política internacional.

La ciudadanía europea no sustituye a la ciudadanía nacional de cada individuo.

¿Qué es la ciudadanía europea?

La ciudadanía es un estatus jurídico y político por el que el ciudadano adquiere como individuo unos derechos (civiles, políticos, sociales) y unos deberes (fiscales, militares u otros) respecto a una colectividad política. Esta facultad surge del principio democrático de soberanía popular.

La concepción moderna de ciudadanía nació con las revoluciones liberales de fines del siglo XVIII y con la primacía del Estado-nación como forma de organización política y espacio de pertenencia. Esta ciudadanía equivale a nacionalidad, y cada estado tiene unas normas que regulan el modo en que un individuo adquiere la nacionalidad y la condición de ciudadano.

La ciudadanía europea es más reciente, pues fue establecida por el Tratado de la Unión Europea (también llamado Tratado de Maastricht) en 1992. Se considera ciudadano europeo a toda persona que tiene la nacionalidad de uno de los estados miembros de la Unión Europea

Por lo tanto, la ciudadanía europea no sustituye a la ciudadanía nacional de cada individuo sino que la complementa con los derechos y deberes relacionados con la Unión Europea (actualmente expuestos en el Tratado de Lisboa firmado en 2007).

El camino hacia la creación de la ciudadanía europea

Del Tratado de Roma al Informe Tindemans (1957-1975)

El derecho de libre circulación de las personas dentro del territorio de la Comunidad Europea fue introducido en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE), firmado en Roma en 1957. Sin embargo, la libre circulación no estaba ligada a ningún concepto de ciudadanía sino al desempeño de una actividad económica y al derecho a ejercer una actividad laboral en otro país miembro de la CEE.

La primera ocasión en la que se propuso ir más allá de un mercado común y crear una comunidad de ciudadanos fue cuando se presentó el Informe Tindemans en 1975. Este informe fue redactado por el entonces primer ministro belga, Leo Tindemans, a instancias de la Cumbre de París de 1974. 

Esta cumbre reunió a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la CEE y destacó la necesidad de reconocer “derechos especiales” a los nacionales de los estados miembros.

En un capítulo, titulado “La Europa de los ciudadanos”, Tindemans proponía la aprobación de medidas que hicieran perceptible el surgimiento de una “conciencia europea”: la unificación de pasaportes, la desaparición de controles en las fronteras, la convalidación de títulos y cursos académicos, entre otras.

Del sufragio universal en el Parlamento Europeo al Proyecto Spinelli (1976-1984)

Un segundo paso hacia la construcción de una ciudadanía europea fue la convocatoria, mediante un acta del 20 de septiembre de 1976, de las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal (que se celebraron en 1979). Aparecía así uno de los derechos ciudadanos más importantes: la participación democrática.

Posteriormente, el Consejo Europeo creó un Comité “Europa de los ciudadanos” que llevó a la redacción en 1985 del Informe Adonnino (por el nombre del eurodiputado que lo presidió), y en febrero de 1984 fue aprobado por el Parlamento Europeo el Proyecto de Tratado de Unión Europea (Proyecto SpinellI), presentado por el eurodiputado Altiero Spinelli. Su artículo 3º decía lo siguiente:

Los ciudadanos de los Estados miembros son, por dicho motivo, ciudadanos de la Unión. (...) Los ciudadanos de la Unión participan en la vida política de la misma bajo las formas previstas por el presente Tratado, gozan de los derechos que les son reconocidos por el ordenamiento jurídico de la Unión y se someten a las normas de la misma".

Del Acta Única Europea al Tratado de la Unión Europea (1986-1992)

El Acta Única Europea (1986), firmada con el objetivo de definir un mercado europeo sin fronteras interiores, no recogió casi ninguna de las propuestas del Proyecto Spinelli, pero estableció entre sus objetivos la unión o cooperación política europea. Pocos años después, dos Conferencias Intergubernamentales (CIG) convocadas por el Consejo Europeo de Roma en 1990 para la reforma de los tratados preexistentes, se centraron respectivamente en la Unión Económica y Monetaria y en la Unión Política.

El Consejo Europeo introdujo la noción de una ciudadanía europea como un elemento esencial de la reforma de los tratados. Finalmente, con el apoyo del Parlamento Europeo, que aprobó dos resoluciones en su favor en 1991, el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en febrero de 1992, dio carácter institucional a la ciudadanía europea.

La ciudadanía de la Unión Europea

Los ciudadanos europeos tienen derechos que actualmente recoge el Tratado de Lisboa

El Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht), firmado en 1992 pero que entró en vigor en noviembre de 1993, estableció la ciudadanía europea (incorporada también en los tratados posteriores, como el de Ámsterdam de 1997 y el de Lisboa de 2007). 

El objetivo principal de la institucionalización de este nuevo estatus jurídico era, según manifestaron las instituciones comunitarias, reforzar y potenciar la identidad europea y posibilitar que los ciudadanos europeos participasen de forma más intensa en el proceso de integración comunitario.

La condición de ciudadano europeo quedó reservada a toda persona que tuviera la nacionalidad de un Estado miembro. Desde entonces, la ciudadanía europea no sustituye sino que complementa la ciudadanía de cada estado. Por consecuencia, son las leyes de cada estado miembro (diferentes en muchos casos) las que regulan cómo se puede acceder a la ciudadanía de la Unión Europea.

Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea ya gozaban de diversos derechos en virtud de las reglas que regulaban el mercado único europeo (libre circulación de bienes y servicios, protección del consumidor y de la salud pública, igualdad de oportunidades y de trato, entre otras).

Sin embargo, la ciudadanía europea estableció unos derechos que se añadieron a los anteriores:

  • Derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión en el territorio de los Estados miembros.
  • Derecho de ser elector y elegido en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en el Estado miembro donde haya fijado su residencia (aunque no tenga la nacionalidad de ese Estado).
  • Derecho a recibir protección diplomática y consular de cualquier Estado miembro, si el país de origen del ciudadano europeo no tiene representación diplomática en un tercer país.
  • Derecho de petición ante el Parlamento Europeo y derecho de acudir al Defensor del Pueblo, en los casos de mala administración de las instituciones y los órganos comunitarios.

A estos derechos, el Tratado de Ámsterdam (1997) añadió otros dos:

  • Derecho de ponerse en contacto con las instituciones europeas en una de las lenguas oficiales (español, portugués, francés, italiano, inglés, irlandés o gáelico, neerlandés, alemán, danés, sueco, finlandés y griego) y a recibir respuesta redactada en esa misma lengua.
  • Derecho de acceder a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, excepto en los casos fijados legalmente.

Estos dos últimos derechos, así como el derecho de petición al Parlamento y de acudir al Defensor del Pueblo, son también aplicables a todas las personas residentes en los Estados miembros, aunque no sean ciudadanos de ellos.

Por su parte, el Tratado de Lisboa (2007) introdujo la iniciativa ciudadana, que desde abril de 2012 permite a los ciudadanos europeos presentar propuestas directamente a la Comisión Europea para que esta decida adoptarlas o no como iniciativas legislativas.

La ciudadanía europea, a diferencia de las ciudadanías nacionales, no impone, hasta el presente, ningún tipo de deber a los ciudadanos de la Unión.

La ciudadanía europea y los derechos humanos

El estatuto jurídico de la ciudadanía europea se conecta también con los derechos humanos. La Unión Europea adhiere al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y entre los derechos que se garantizan en el marco de la Unión se incluyen los siguientes:

  • La igualdad de todos los ciudadanos al acceso a la función pública en las instituciones de la Unión Europea.
  • El principio de no discriminación por razón de nacionalidad entre los ciudadanos de la Unión.
  • El principio de no discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Los alcances y las limitaciones de la ciudadanía europea

El método de construcción europea fue ideado por Jean Monnet, uno de los principales inspiradores de la integración europea, que ejerció como alta autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en la década de 1950. 

Este método plantea que las decisiones económicas son tomadas por una elite administrativa, lo que suele ser visto con desconfianza por parte de algunos ciudadanos de los Estados miembros de la Unión. Se la suele llamar “burocracia de Bruselas” (por la ubicación de sus principales instituciones).

A pesar de ello, los tratados de Maastricht (1992), Ámsterdam (1997) y el actualmente vigente de Lisboa (2007) intentaron tender un puente entre las instituciones de la Unión Europea y los ciudadanos más allá de las reglamentaciones económicas y administrativas. De todos modos, el estatuto de ciudadanía europea es motivo de críticas por parte de algunos sectores.

Partidarios y detractores de la ciudadanía europea

Entre los europeístas, algunos sostienen que los derechos recogidos en los tratados son insuficientes o  están redactados de una manera confusa.

Por esta razón, consideran que la ciudadanía europea es un estatuto vacío de contenido real, y que Europa avanza solo en la integración económica, pero no en la construcción política. De todos modos, algunas disposiciones del Tratado de Lisboa (2007), como la atribución de un carácter jurídicamente vinculante a la Carta de derechos fundamentales para todos los estados miembros, han sido consideradas como un paso adelante.

Otra corriente de opinión, que se ha denominado “euroescéptica”, ve estas medidas como excesivas y trata de frenar cualquier avance hacia la integración política y la plena ciudadanía europea. Esta postura tiene sus representantes más destacados en el Reino Unido, especialmente en el partido conservador o “tory” (lo que explica en parte que el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea en 2020), y en Dinamarca.

En Dinamarca, el Tratado de la Unión Europea fue rechazado en un primer referéndum en junio de 1992, y solo fue ratificado en un segundo referéndum, luego de que la delegación danesa aprobara una declaración unilateral que resumía la postura “euroescéptica” respecto a la ciudadanía europea:

“(...) la ciudadanía de la Unión es un concepto político y jurídico que difiere completamente del de ciudadanía en el sentido que le atribuyen la constitución del reino de Dinamarca y el sistema jurídico danés (...) 

La ciudadanía de la Unión no otorga de ninguna manera a un residente de otro estado miembro el derecho de adquirir la ciudadanía danesa o cualquier otro derecho, deber, privilegio o ventaja que se derive en virtud de la constitución y las leyes danesas”.

La construcción de una identidad europea

Si bien la Unión Europea adoptó una bandera y un himno propios desde antes de la firma del Tratado de Maastricht (1992), el concepto de identidad europea siempre fue problemático. La mayor parte de los habitantes de Europa, aunque se reconozcan “europeos”, manifiestan principalmente su pertenencia a sus respectivos países (como Francia, España o Alemania) o a sus regiones de origen.

Suele señalarse que la unificación europea requiere la construcción de una identidad europea, pero esta identidad no existe: no hay una homogeneidad lingüística ni cultural, y tampoco existe una uniformidad religiosa o étnica. Hoy las sociedades son cada vez más multiculturales (por efecto de la globalización, las migraciones y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación).

Algunos pensadores propusieron que, en una democracia liberal, los ciudadanos deben sentirse identificados no con una identidad cultural común sino con unos principios constitucionales que garanticen plenamente sus derechos y libertades.

Esta propuesta se puede relacionar con el objetivo del Tratado por el que se constituye una Constitución para Europa (también conocido como Constitución Europea), que fue firmado en 2004 y, si bien no fue ratificado, aportó gran parte de sus disposiciones al Tratado de Lisboa, que se convirtió en la base constitucional de la Unión Europea en 2009.

Actualmente, el concepto de identidad europea se asocia tanto a un sentimiento cívico de pertenencia a la Unión Europea (que incluye la participación política en las instituciones europeas de acuerdo con los mecanismos democráticos vigentes) como a un proyecto para la consolidación de la ciudadanía europea.

La educación para una ciudadanía europea

Ya en la década de 1990, la Comisión Europea puso el énfasis en la educación como el elemento clave a la hora de construir una plena ciudadanía europea, en la que los europeos encontraran una parte significativa de su identidad.

En 1995, la Comisión Europea creó un Grupo de Reflexión sobre la Educación y la Formación que redactó un informe titulado “Construir Europa mediante la educación y la formación” en el que se afirmaba lo siguiente:

La ciudadanía europea es, sobre todo, una idea humanista. Se trata de construir una Europa democrática que respete cierto equilibrio entre las consideraciones económicas, tecnológicas y ecológicas, y las consideraciones culturales. En el 'sueño europeo', nuestras naciones aprenderían a convivir, arreglarían sus conflictos sin buscar chivos expiatorios en el extranjero. (...) Introducir la idea de ciudadanía europea (...) tiene implicaciones de peso que van más allá del enfoque económico, para tender a la integración europea”.

En años siguientes, se redactaron similares documentos centrados en el sistema educativo como herramienta para la formación de ciudadanos europeos que participen activamente en la vida política de la Unión Europea y favorezcan la construcción de una identidad europea.

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Referencias

  • Fernández Navarrete, D. (2022). Historia de la Unión Europea: de los orígenes al post-Brexit. Universidad Autónoma de Madrid Ediciones.
  • Gabel, M. J. (2022). European Union. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/ 
  • Gobierno de Cantabria (s.f.). Historia de la ciudadanía europea. Oficina de Asuntos Europeos. https://cantabriaeuropa.org/
  • Unión Europea (s.f.). Principios, países, historia. Portal oficial de la Unión Europea. https://european-union.europa.eu/

¿Cómo citar?

"Ciudadanía Europea". Autor: Augusto Gayubas. De: Argentina. Para: Enciclopedia Humanidades. Disponible en: https://humanidades.com/ciudadania-europea/. Última edición: 2 octubre, 2023. Consultado: 22 abril, 2024.

Sobre el autor

Autor: Augusto Gayubas

Doctor en Historia (Universidad de Buenos Aires)

Fecha de actualización: 2 octubre, 2023
Fecha de publicación: 28 septiembre, 2023

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